Cartel del Transporte

LATERNA ABOGADOS SEÑALA QUE LOS AFECTADOS POR EL CARTEL DEL TRANSPORTE PUEDEN RECUPERAR HASTA EL 20% DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE SUS VEHÍCULOS

“Los próximos días serán decisivos para que los afectados por los acuerdos de fijación de precios realizados por el cartel del transporte puedan reclamar sus indemnizaciones”, recuerda José Luis Barral Alvedro, socio director de Laterna Abogados. “Según los primeros cálculos periciales, la cantidad que pueden recuperar aquellos que adquirieron un camión de más de 6Tn de las principales marcas de fabricantes, entre 1997 y 2011, rondaría aproximadamente el 20% del precio de adquisición del vehículo”, abunda.

El bufete jurídico destaca que el próximo día 19 de julio de 2017 finaliza el plazo para reclamar con total seguridad las cantidades abonadas de más por las personas o empresas que adquirieron un camión de las empresas fabricantes MAN, DAF, DAIMLER, VOLVO/RENAULT o IVECO, que vulneraron la legislación de competencia nacional y comunitaria al acordar fijar tarifas de compra y venta de los vehículoS, favoreciendo el incremento de los precios brutos de los camiones. Como consecuencia de dichos actos, la UE les impuso distintas sanciones económicas que, además, abren la puerta para que todos los afectados reclamen las indemnizaciones correspondientes.

 

Abogados Popular

¿Un nuevo caso Bankia?

No hace ni cinco años desde que saltó a los medios de comunicación el “caso Bankia” y la historia, parece, que se vuelve a repetir, esta vez con el Banco Popular como protagonista.

En 2016, el Banco Popular cerraba su ampliación de capital superando las expectativas iniciales y logrando 3.401,3 millones de euros (900 millones de euros más de los 2.500 previstos inicialmente). Tal éxito parecía apuntalar la solvencia de una entidad financiera que estaba entredicho. No fue así.

Después de que la autoridad bancaria europea denominada Junta Única de Resolución haya declarado como “entidad inviable”el Banco Popular amortizando todas sus acciones, la pregunta que se hacen los accionistas es “¿qué puedo hacer ahora?”.

Diferentes vías

Las vías son varias. Centrándonos en la vía civil (sin perjuicio de las acciones penales que se puedan iniciar contra el Banco Popular y sus gestores), los accionistas, como aconteció en el caso Bankia, podrán solicitar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (la pérdida de su dinero). Para ello será necesario demostrar que la información que se recogía en el folleto de emisión de la reciente ampliación no era real y que resultaba imposible para los accionistas advertir la situación real de la entidad

Junto a esto, otra acción frecuente en reclamación de abusos bancarios es la de anulabilidad por error o vicio en el consentimiento que se da cuando el banco ofrece la adquisición de unos títulos por medio de falsedades, omisiones de información relevante, o manifestaciones engañosas

Sea como fuere, lo cierto es que la declaración de “entidad inviable” del Banco Popular ha provocado un aluvión de consultas de los accionistas de cómo proceder para tratar de recuperar el dinero que les ha sido “expropiado” sin indemnización alguna, y que ha dejado a multitud de pequeños minoristas (que confiaban en los organismos reguladores y de control) sin sus ahorros

José Luis Barral Alvedro

Socio Director de Laterna Abogados

Artículo La Voz de Galicia

 

Clausulas Suelo: ¡Y tuvo que venir Europa!

Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013 y el 25 de marzo de 2015, relativas a las cláusulas suelo, fueron controvertidas por primar los intereses privados de las entidades financieras a los de los consumidores, bajo el paraguas del orden público. Estas sentencias no fallaban la devolución de las cantidades cobradas de más por la aplicación de las cláusulas suelo y limitaban temporalmente los efectos de dichas cláusulas hasta de mayo de 2013.

Afortunadamente ahora, el Tribunal de Justicia de la Union Europea, como en otras ocasiones en las que la normativa española quedó en entredicho ha puesto la cordura necesaria para la resolución de este problema.

Y lo ha hecho estimando que “la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013 (…) no resulta compatible con el Derecho de la Unión”, lo que, en esencia, supone la devolución total de las cantidades pagadas de más por el consumidor por la aplicación de dicha cláusula.

¿Qué pasará a partir de aquí? En mi opinión, si los bancos siguen actuando como hasta ahora, será necesario demandar judicialmente a la entidad para la retirada de la cláusula suelo y para recuperar la devolución de lo pagado de más por dicho concepto. Sin embargo, no debemos descartar que las entidades financieras puedan optar por abrir algún tipo de sistema extrajudicial para devolver dichos importes.

Lo cierto es que, sea como fuere, este importante éxito judicial beneficia a una multitud de consumidores que, a buen seguro, afrontarán las próximas fiestas navideñas con más alegría y felicidad.

 

 

Reclamación IRPF maternidad

Cómo reclamar a la Seguridad Social el IRPF de las prestaciones por maternidad

El artículo 7 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que “estarán exentas [del pago de IRFP] las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” y “también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”. Es decir, hasta ahora existía una interpretación del texto legal que consideraba que las únicas prestaciones por maternidad exentas del pago de este impuesto eran las percibidas desde los gobiernos autonómicos o locales.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre una puerta a las reclamaciones en solicitud de la exención fiscal de la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social. Es un matiz novedoso pero no crea jurisprudencia y, por ahora, no deja de ser una mera sentencia favorable al interés particular de la mujer reclamante. Si bien, obviamente, cuantas más sentencias en el mismo sentido se dicten, más viabilidad tendrán las reclamaciones que se presenten sobre el mismo asunto.

Con toda probabilidad, la Agencia Tributaria continuará denegando las solicitudes presentadas, por lo que las contribuyentes se verán obligadas a finalizar la vía administrativa para, posteriormente, judicializar el asunto a la espera de la resolución final. Asimismo, habrá que atender a los plazos para presentar las reclamaciones ya que muchas de ellas podrían estar prescritas, en concreto, todas aquellas anteriores al año 2012.

Pasos necesarios

Aquellas mujeres que hayan recibido la prestación por maternidad en el año 2012 y siguientes pueden solicitar la devolución, por ingresos indebidos, de la cantidad que hayan pagado de más por la no computación de la exención de dicha cantidad.

Para ello,  deberán presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos, en la que se deberá cuantificar (y justificar) la cantidad concreta reclamada.

Una vez que la Agencia Tributaria se pronuncie al respecto (previsiblemente de forma contraria a la devolución), se podrá presentar un recurso de reposición contra dicha resolución, el cual, si también es desestimado, obligará a la presentación de una recurso ante el Tribunal Económico Administrativo regional (TEAR).

Si dicho tribunal también resuelve en sentido desfavorable, tendremos dos meses para acudir a la vía judicial para tratar de obtener la devolución solicitada. Es a través de esta vía donde previsiblemente se obtendrán los resultados esperados ya que se espera que en la vía administrativa tanto la Agencia Tributaria como el TEAR mantengan que la precepción de la prestación pública por maternidad no debe estar exenta.

Si quieres efectuar la reclamación, recuerda que en Laterna Abogados podemos ayudarte con todos los trámites. ¡Consúltanos!

Abogados Santiago de Compostela

Los seguros vinculados a crédito bancarios que incluyan cuestiones sobre salud no puden vincular a asegurados si se rellenan automáticamente

Los seguros vinculados a créditos bancarios que incluyan cuestiones sobre salud no pueden vincular a asegurados si se rellenan automáticamente. Así lo ha estimado una sentencia dictada recientemente por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis, que obliga a la compañía Caser a pagar 32.279,14 euros a una asegurada de esta localidad que fue incapaz de asumir las cuotas de dos créditos solicitados por haberle sido declarada una incapacidad absoluta.

Aunque las pólizas fueron firmadas en los años 2008 y 2010 y la asegurada padecía la enfermedad determinante de su capacidad desde el año 1996, la compañía de seguros no pudo acreditar la realización efectiva de preguntas sobre la dolencia que aparecen en el cuestionario previo a la suscripción de las polizas, porque éstos aparecen informáticamente cubiertos “y no ha sido posible recibir declaración a la persona que comercializó los préstamos suscritos por el demandante”.

Inversión de carga de la prueba

Según señala Rubén Conles, abogado de Laterna (despacho que se encargó de defender a la parte demandante), la sentencia deja claro que “un asegurado no puede quedar vinculado por un cuestionario que no fue rellenado por él” en el marco de un contrato auspiciado por una entidad bancaria y no por la propia asegurada. “La firma de este contrato no es más que un paso dentro del proceso de concertación del préstamo”, estima Conles, “y el test de salud no fue cubierto por la asegurada, sino de manera informática por el personal de la entidad bancaria”.

“Aunque en el test de salud consta la firma de la asegurada, este documento se le dio a firmar junto con toda la documentación del préstamos y, al tener nuestra clienta la condición de consumidora argumentamos la inversión de carga de la prueba: es la aseguradora la que tiene que probar que se le hizo efectivamente el test a la clienta y no ésta la que tiene que probar que no se le realizaron preguntas del test de salud”.

sucesion

EMPRESAS FAMILIARES Y PRESIÓN FISCAL

Asegurar la continuidad generacional y conseguir una óptima planificación de su estructura societaria a largo plazo constituyen dos de los principales retos a  los que se enfrentan las empresas familiares en nuestro entorno. En este sentido, menos de un 5% de las empresas familiares gallegas han regulado correctamente el tema de su sucesión. Por lo tanto, son mayoría las empresas de este tipo que no tienen garantizada la transmisión intergeneracional, lo que significa que no han protegido adecuadamente su patrimonio.

Uno de los principales atrancos a la hora de favorecer el relevo generacional en una empresa familiar lo encontramos en nuestro sistema impositivo. Aunque el impuesto de sucesiones y donaciones es una figura que existe en casi todos los sistemas tributarios occidentales, en España la recaudación por este impuesto es superior a la de la media de la OCDE y constituye una cantidad equivalente al 0,23% de nuestro PIB .

Aunque es cierto que existen importantes bonificaciones en la base imponible a los activos empresariales, que favorecen la transmisión generacional de una empresa, y que algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Galicia, –con objeto de facilitar la sucesión de las empresas familiares- han aprobado singulares medidas que permiten, por ejemplo, que el donante y el donatario puedan compaginar ambos la dirección de la empresa durante un año; es cierto que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en nuestro país puede resultar especialmente oneroso de cara a conseguir garantizar la sucesión en las empresas familiares.

En este contexto, las herramientas y protocolos que diseñen medidas de ayuda para los empresarios familiares de cara a planificar con tiempo la sucesión en sus empresas; a adoptar mecanismos legales oportunos para proteger su patrimonio o a obtener beneficios fiscales en relación a la sucesión se convierten en documentos fundamentales tanto para proteger y aumentar el valor de las empresas familiares como para conseguir dar continuidad a las mismas en la siguiente generación.

En Laterna Abogados podemos asesorar a las empresas interesadas en planificar su sucesión adecuadamente. ¡Estamos a su disposición!

alcoholemia

¿Cuándo y por qué puedes enfrentarte a un juicio rápido por dar positivo en un control de alcoholemia?

El alcohol está detrás de un elevado número de accidentes de tráfico.  Y es que, según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), en el pasado año 2015, el 29% de los conductores y el 21% de los peatones fallecidos superaron los límites de alcohol en sangre.

Las tasas de alcoholemia permitidas en nuestro país para los conductores en general son 0,25 mg/l en aire espirado, y 0,5 g/l en sangre. Para los noveles y profesionales, éstas se reducen a 0,15 mg/l en aire espirado y a 0,3 g/l, en sangre.

¿Qué pasa si se superan estas tasas?

 Superar las tasas de alcoholemia establecidas conlleva consecuencias legales que pueden ir por la vía penal o la administrativa.

El artículo 379 del Código Penal castiga al “que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

Estas penas se aplican a los que hayan conducido con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado, o a 1,2 g/l en sangre.

¿Cuándo es posible enfrentarse a un juicio rápido por superar las tasas de alcoholemia permitidas?

Si se sobrepasan estos límites de alcohol establecidos en el Código Penal o si el conductor se niega a realizar la prueba, éste tendrá que enfrentarse a un juicio rápido.

Los agentes pondrán en conocimiento del juzgado los hechos a través de un atestado policial y el conductor recibirá una citación para un juicio rápido.

¿Cómo funciona un juicio rápido?

Está regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Normalmente se celebra a los pocos días de haber cometido la infracción, y si el acusado reconoce los hechos puede beneficiarse de una reducción de un tercio de la pena solicitada por el ministerio fiscal. Si no estuviera conforme, no podrá beneficiarse de esta rebaja. La gran mayoría de estos juicios finalizan en conformidad.

Es obligatorio que el acusado comparezca en un procedimiento judicial de este tipo acompañado de un abogado. Si te enfrentas a un juicio de este tipo, en Laterna Abogados ponemos a tu disposición nuestro equipo de profesionales, expertos en cuestiones jurídicas. ¡Contacta con nosotros en el 881 124 027!

Pisos vacaciones Galicia

¿Cómo alquilar tu casa en vacaciones en Galicia y no ser sancionado en el intento?

¿Cómo alquilar tu casa en vacaciones en Galicia y no ser sancionado en el intento?

En Galicia, el alquiler de apartamentos y viviendas turísticas se rige actualmente por el Decreto 52/2011, de 24 de marzo, por el que se establece la ordenación de apartamentos y viviendas turísticas en la Comunidad Autónoma. Si bien, se encuentra ya en redacción una nueva norma cuya pretensión es poner fin al auge del alquiler vacacional a través de aplicaciones web como Airbnb o Housetrip.

En el proyecto de Decreto que se está preparando, que inicialmente iba a ser aprobado antes del verano (marcando un período de seis meses de “adaptación”), se establecen nuevos requisitos legales para poder alquilar, de forma legal, nuestras viviendas o apartamentos.

 

¿Qué tipo de viviendas se incluyen en la regulación?

Las que se alquilen por un período inferior a 30 días consecutivos y dos veces al año. Puede ser cualquier residencia y pasaría a tener un uso residencial privado y otro turístico (se pueden alternar). Debe contar con licencia de primera ocupación y seguro de responsabilidad civil. Las comunidades de vecinos pueden oponerse a éstas siempre que esté recogido en sus estatutos.

 

¿Qué requisitos mínimos deben cumplir las viviendas que se alquilen?

Deben estar amuebladas y disponer de enseres, tener calefacción (menos si funcionan solo de junio a septiembre), número de teléfono 24 horas, un rótulo indicando que existen hojas de reclamación, un libro-registro con partes de entrada-salida (para poder notificar a la Guardia Civil quien alquila) y una declaración responsable (el dueño debe pagar una tasa de 56,26 euros).

 

¿Tienen que señalizarse con un rótulo exterior?

No, porque la Xunta no garantiza al inquilino la calidad que exige a otros establecimientos, como en el caso de las viviendas turísticas.

 

¿Serán inspeccionadas por la Xunta y ésta limitará su número?

Una vez se registren, la Xunta tendrá capacidad para realizar una comprobación inicial. El borrador no prevé un número máximo de viviendas, pero sí indica que los ayuntamientos tendrán competencia de ordenación.

 

 

Transportistas

Transportistas: cómo reclamar al Estado las cotizaciones indebidas

La Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, reguló, por medio de su disposición adicional cuarta, las primas para la cotización a la Seguridad Social por contingencias de accidente de trabajo (AT) y enfermedad profesional (EP).

Dicha disposición adicional establece dos tipos para la cotización por AT y EP. En el cuadro I los tipos se ordenan en función de la actividad de la empresa con arreglo al CNAE, y en el cuadro II los tipos se ordenan en función de la ocupación puntual de los trabajadores, cuya regla general ha sido (hasta el 1 de enero de 2016) la aplicación de los tipos del cuadro I (siendo la aplicación del cuadro II una excepción:  para que opere la aplicación de este cuadro, la ocupación del trabajador debía ser diferente a la que estuviera integrada en la actividad principal de la empresa).

Deficiencia en la redacción

Sin embargo, una deficiente redacción de dicha norma ha provocado que las empresas de transporte de mercancías, hasta el pasado 31 de diciembre de 2015,  hayan venido cotizaron en exceso por estos conceptos, ya que lo hicieron a un 6,7%, en lugar de a un 3,7%.

Este error, subsanado en los últimos Presupuestos Generales del Estado, provoca que los transportistas tengan derecho a solicitar la devolución de los ingresos indebidos efectuados en los últimos cuatro ejercicios (los anteriores han prescrito).

Las diferentes asociaciones del sector estiman que las reclamaciones podrían acercarse a los 50 euros por conductor y mes, a lo que habría que sumar los intereses correspondientes. Sin embargo, cada mes que transcurre sin reclamar, hace que prescriba el correspondiente mes de cuatro años atrás, por lo que desde Laterna Abogados recomendamos efectuar la reclamación cuanto antes.

Posible judicialización del asunto

Tal y como han informado recientemente diferentes medios de comunicación, la Seguridad Social ha empezado a resolver las primeras solicitudes de devolución de ingresos indebidos de forma negativa. Es decir, denegando el reintegro. Sin embargo, a esta resolución cabe interponer recurso administrativo, que una vez resuelto posibilitará, en caso de ser igualmente rechazada la pretensión de devolución, acudir a la vía contencioso-administrativa.

Es decir, todo parece indicar que serán los tribunales quienes acabarán dirimiendo esta cuestión. En tal caso, a los ingresos indebidos habrá que sumar intereses de demora, en el supuesto de que los tribunales fallen en contra de la Seguridad Social.

Efectuar la reclamación

Si usted está entre los afectados por esta cuestión, en Laterna Abogados podemos ayudarle en la cobertura de documentación con objeto de que pueda reclamar la devolución de sus pagos y asesorarle en el caso de que el asunto entre por vía judicial. ¡No dude en consultarnos al respecto!

Clausula Suelo Abogados

Tribunal de Justicia de la UE – Cláusula Suelo

Hoy es un día importante para el sector financiero y para miles de hipotecados. El Tribunal de Justicia de la UE empieza a estudiar la retroactividad total de las cláusulas suelo. Si, como se espera, finalmente se posiciona a favor, se dará un merecido y justo carpetazo a la íntegra devolución del dinero. Nuestro socio, Jose Luis Barral, analiza hoy en La Voz de Galicia la relevancia de lo que se decida en Luxemburgo. Quizás, ¿otro varapalo a la banca? Os recomendamos su lectura.

¿Otro varapalo a la banca?

La vista que hoy celebra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si los tribunales nacionales pueden moderar la devolución de las cantidades pagadas en aplicación de una cláusula suelo es de gran calado. De hecho, nuestro Tribunal Supremo decidió suspender todos los procedimientos pendientes relacionados con este asunto a la espera del pronunciamiento del órgano europeo respecto a los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo. La polémica doctrina del Supremo en España solo permite que los clientes recuperen las cantidades abonadas a mayores desde el 9 de mayo de 2013. Sin embargo, la Comisión Europea se ha mostrado contraria a esa sentencia y así lo ha manifestado en un informe no vinculante hecho público en julio del año pasado. Ahí se pide que se reintegre todo el dinero cobrado a mayores por aplicación de estas cláusulas desde el inicio del préstamo/crédito hipotecario y no solo desde mayo del 2013.

La Comisión entiende, además, que no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de lo pagado de más por el consumidor, ya que si una cláusula es declarada nula, lo es desde el origen. Veremos qué sucede pero, si tal como se espera, el Tribunal de Justicia de la UE se posiciona a favor de la retroactividad total, se dará un merecido y justo carpetazo a la íntegra devolución del dinero, sumando un varapalo más, y quizás definitivo, a la banca.